CIUDADANOS (C´s) de San Andrés del Rabanedoexige a los grupos políticos que dejen de “tomar el pelo” a los ciudadanos sobre la situación del contrato de explotación del servicio público de abastecimiento de agua potable (captación y distribución). Se están cobrando tasas por suministro y a la fecha los ciudadanos no sabemos si la adjudicación es legal
CiudadanosPartido de la Ciudadanía, San Andrés del Rabanedo a 18 febrero 2015
CIUDADANOS (C´s) de San Andrés del Rabanedo exige a los grupos políticos que dejen de “tomar el pelo” a los ciudadanos sobre la situación del Contrato de Explotación del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable (captación y distribución).
El Alcalde, Gregorio Chamorro supedita el presupuesto municipal del 2015 al informe de los Técnicos del Ayuntamiento, cuando a nuestro entender el informe debería de solicitarse al Consejo Consultivo de Castilla y León, lo que nos demuestra que solo quiere ganar tiempo y no dar una solución al problema que generará con total seguridad una convulsión social.
La solución que ha propuesto la formación política Ciudadanos va encaminada a la transparencia y por eso solicito en enero de 2014 por Registro General núm. de entrada 2014000694,la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico en el que estuviera presente el Delegado de la Empresa concesionaria para dar las explicaciones oportunas,
Ciudadanos C´s, exige transparencia y que se dé a conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de León en la que la Junta de Gobierno Local es nula de Pleno derecho al haber sido anulado el nombramiento de “interventora accidental” a la funcionaria que certifico el contrato por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm 3 de León, que anulo el nombramiento de la Tesorera del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo como “interventora accidental” y que tuvo lugar en la adopción de los acuerdos de la JGL de 20 de septiembre de 2010,con validez hasta el 22 del mismo mes, que volvió a repetir de nuevo mediante Decreto de Alcaldía el 29 de septiembre de 2010 (y que salvo error no lo firmó el Decreto Eugenia Gancedo, sino la Teniente de Alcalde),que consistió en nombrar con carácter accidental interventora de este Ayuntamiento a la Tesorera perteneciente a la escala de habilitación estatal y no nacional y que deja a nuestro entender con el fallo judicial y los argumentos del Magistrado sin efecto el contrato firmado ya que la firma de la interventora accidental ha sido declarada “nulidad absoluta” lo que comporta la nulidad del nombramiento y de todos aquellos actos realizados en esas fecha, entre ellos ,la firma del contrato de ampliación del agua potable hasta el año 2046.
Este fallo resuelve el recurso presentado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León el 23 de noviembre de 2010 al considerar que dicho nombramiento no se ajusta a Derecho.
Los ciudadanos de este municipio tenemos derecho a conocer, los actos realizados por la Tesorera ilegalmente nombrada “interventora accidental” ante la nulidad absoluta de su nombramiento y de todos aquellos actos realizados en esas fechas, entre ellos, la firma del contrato de ampliación del agua potable hasta el año 2046.
Septiembre de 2010 una fechas en las que el anterior Equipo de Gobierno del PSOE, liderado por María Eugenia Gancedo, firmo el controvertido contrato de ampliación del agua potable a la concesionaria Acuagets hasta el año 2046 y que supondrá una “bestial” subida de más del 300% en la tarifa por m3 en alguno de los tres tramos establecidos en la facturación que anterior a la firma de esta ampliación el precio por m3 era de 0,68centimos de euros y con la ampliación paso a 1,22 e/m3 primer tramo. A cambio la concesionaria condono una deuda histórica de dos millones de euros y el reintegro a las arcas municipales de otros dos millones de euros.
Desde Ciudadanos C´s no entendemos como los grupos de la oposición y el propio equipo de gobierno no han hecho valer este fallo Judicial. Este hecho supone que los grupos políticos han permitido dejar una deuda de más de tres millones de euros, cantidad que se adeuda actualmente a la empresa la que entendemos debe cobrar por no tener culpa del “tocomocho” que la intentaron hacer para así poder invertir en obras de abastecimiento primordiales en el municipio ya que lo que se está haciendo ahora son parches y más parches.
Desde esta formación política, seguimos solicitando la derivación de la responsabilidad patrimonial subsidiaria a los cargos públicos y funcionarios que participaron en este acto y a sabiendas de la presunta irregularidad que se estaba cometiendo y, lo permitieron.
Juan Carlos Fernández Domínguez
CIUDADANOSSan Andrés del Rabanedo
