Antes incluso de que el Senado debatiera y aprobara las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir la Generalitat y el Parlament de Cataluña, ya han surgido algunas voces autorizadas en el PSOE (Robles) y en el PSC (Iceta y Montilla) sugiriendo que su aplicación resultaría innecesaria en caso de que Puigdemont se aviniera, en el último segundo de la prórroga, a disolver el Parlament y convocara elecciones autonómicas. El artículo 75 del Estatut concede al presidente de la Generalitat esta prerrogativa que puede hacer efectiva en cualquier momento de su mandato, incluso si no cuenta con el apoyo de los miembros de su gobierno.
Disuelvo… no disuelvo
Pues bien, cuando todo el mundo daba por hecho ayer por la mañana que Puigdemont había deshojado la margarita y se disponía a anunciar la disolución del Parlament y la convocatoria elecciones autonómicas, nos encontramos a media tarde con una nueva sorpresa: el todavía President dejaba en suspenso una decisión que no había tomado, aduciendo que pese sus ímprobos esfuerzos por encontrar una salida negociada, el Gobierno de España se había negado a garantizarle que la convocatoria electoral paralizaría la intervención de la Generalitat. Robles saludó el anuncio (luego desmentido) de elecciones en Cataluña como una “magnífica noticia”, y lanzó un mensaje muy revelador al Gobierno: si se confirma la noticia, advirtió la portavoz parlamentaria del PSOE, dejarían de darse los presupuestos jurídicos y políticos para aplicar el artículo 155. En similares términos se expresó un militante del PSC, miembro de la Junta de Societat Civil Catalana, en 24 horas. Dos buenas meteduras de pata.
Para los constitucionalistas convencidos, el adelanto electoral constituía en el mejor de los casos una nueva estratagema del movimiento nacional-secesionista, al que nada le interesa más que detener la aplicación del artículo 155, sabedor de que sin acceso ilimitado a la caja de la Generalitat va a resultar muy difícil seguir financiando el proceso. Conviene recordar a este respecto que el “inaceptable intento de secesión”, al que se refirió Felipe VI en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo hace unos días, y llevó al Gobierno a solicitar al Senado la intervención de la Generalitat, no ha sido resultado de un calentón circunstancial sino el fruto maduro de una estrategia deliberada de confrontación que Mas inició en 2012, y Puigdemont continuó sin desmayo desde el mismo día que fue investido presidente, un ya lejano 10 de enero de 2016. Os dejaré a las puertas de un nuevo estado, dijo entonces, y podría decirse que ha cumplido su palabra. Lo difícil, sin embargo, no es llegar a la puerta sino traspasar el umbral.
155
La ingrata decisión de aplicar el artículo 155 se ha ido posponiendo con la esperanza de que el Gobierno de la Generalitat recapacitara y abandonara sus planes declaradamente inconstitucionales de realizar un referéndum de autodeterminación, prólogo del inicio de un proceso constituyente. Entretanto, y contrariamente a lo que se ha afirmado desde el PSOE, los reiterados intentos del Gobierno de España de aparcar estas cuestiones y abrir una negociación franca, respetuosa con la legalidad vigente, con el gobierno de la Generalitat resultaron infructuosos. La quiebra del orden constitucional devino intolerable después de que el Parlament aprobara la “ley del referéndum de autodeterminación” y “la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república” a principios de septiembre, y el gobierno de Puidgemont organizara el simulacro de referéndum del 1-O, diera por buenos los resultados y proclamara y suspendiera la república catalana.
Llegados a este punto, el Jefe del Estado tuvo que salir al paso y denunciar el “inaceptable intento de secesión” de una parte del territorio ante las cabezas visibles de las cuatro principales instituciones de la UE, Parlamento, Consejo, Comisión y Tribunal de Justicia, que respaldaron inequívocamente y sin fisuras nuestro ordenamiento constitucional. Al evidente riesgo de involución democrática y fractura social en Cataluña, hay que sumar la creciente inestabilidad política e inseguridad jurídica que ha provocado la salida de más de 1.600 entidades financieras y empresas de Cataluña desde el 2 de octubre. Hoy, hay una amenaza real de que Cataluña entre en recesión y arrastre en su caída a la economía española. Quizá ahora se comprenda por qué algunos alertábamos hace ya bastantes años que Cataluña, y no la recesión, era el principal problema económico de España.
La implementación de las medidas propuestas por el Gobierno al Senado va a encontrar fuertes resistencias en las Consejerías, en las Diputaciones y en los Ayuntamientos, en las escuelas, institutos y Universidades, en los medios de comunicación públicos, en los sindicatos y en los colegios profesionales, en el entramado asociativo, etc. El Gobierno tiene que anticipar la posibilidad de que consejeros, diputados secesionistas y alcaldes y concejales de los municipios adscritos a la AMI se declaren en rebeldía. Incluso en los ámbitos más técnicos de la administración, como es el caso de los Mozos de Escuadra, el sistema sanitario y las empresas públicas, cabe esperar fuertes resistencias. Por su parte, las asociaciones secesionistas, ANC, Ómnium y AMI, y los “comités de defensa del referéndum” tomarán de nuevo las calles para protestar ‘pacíficamente’ y mantendrán su acoso a los partidos ‘españolistas’ y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en Cataluña. Como tristemente pudimos constatar en los actos que protagonizaron los ‘jordis’ el 20-21 de septiembre, y los citados comités el 1-O, estas acciones pueden fácilmente derivar en una indeseable espiral de violencia.
La suerte está echada
Quizá ni el propio Puigdemont sabe con certeza cuántas veces cambió ayer de idea ni si iba a volver a cambiar el plan en las siguientes horas. Aunque viéndole entusiasmado aplaudir las arengas de los representantes de la CUP, ansiosos por proclamar la república y redefinir las fronteras de la UE, me temo que la suerte está echada. En cualquier caso, el único hecho indubitable es que Puigdemont dispone todavía de 24 horas para convocar elecciones (y ofrecer garantías de que respetará la Constitución y el Estatut), si quiere evitar que el Gobierno aplique las medidas que el Senado está tramitando para restablecer el orden constitucional y la convivencia en Cataluña.
Confío en que el Gobierno es consciente de las enormes dificultades a las que va a tener que hacer frente para gestionar la Administración Autonómica, y para convencer a la mayoría de los catalanes de que un gobierno que, como el de Puigdemont y Junqueras, se salta la ley, no es un gobierno democrático, aunque haya salido de las urnas, sino el prólogo a una tiranía controlada por una minoría autoritaria y fanática. Espero y deseo que el Gobierno haya estudiado bien el terreno y cuente con un buen plan para ganar la crucial batalla de la comunicación, y para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales (sanidad y educación) y mantener con eficacia el orden público. No va a resultar sencillo pero mejor hacer ahora lo que inevitablemente tendría que hacerse dentro de unos meses.
|Clemente Polo
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona