Que los esfuerzos realizados por el presidente Sánchez y el diputado Iglesias para sacar adelante los PGE de 2019 estén ahora encallados y puedan terminar en un sonado fracaso, constituye una excelente noticia para los ciudadanos a los que nos preocupa, incluso más que las escasas y polémicas iniciativas adoptadas por Sánchez durante estos meses, la extrema debilidad del Gobierno. De nada le ha servido al emisario Iglesias entrevistarse con (Lazi)Torra en Barcelona en junio, ni acudir (sin antorcha) a la prisión de Lledoner en octubre para negociar no se sabe muy bien qué con el golpista Junqueras –sí Sr. Sánchez, rebeldes golpistas como usted los calificaba antes de ganar la moción de censura con su apoyo–, ni ‘interlocutarse’ telefónicamente con el fugado y locuaz Puigdemont en Waterloo hace unos días. Todos sus desvelos han sido en vano.
Ni el ofrecimiento de más recursos y nuevas transferencias de competencias al gobierno de la Generalidad, ni la rebaja de rebelión a sedición de la pena solicitada por la Abogacía del Estado a los golpistas encausados por el Tribunal Supremo, ni la petición de Iglesias al Gobierno de “moverse” para indultar a los golpistas encarcelados o fugados han logrado variar el signo del puñado de desleales votos secesionistas. Entretanto, los golpistas y sus epígonos (Torra, Artadi, Torrent, Aragonés, etc.) siguen a lo suyo: adoptando resoluciones inconstitucionales como la reprobación del Jefe del Estado aprobada recientemente en el Parlament de Cataluña; creando órganos manifiestamente inconstitucionales como el llamado ‘consejo por la república’ con funciones de “gobierno catalán paralelo”, presidido para mayor escarnio de nuestro Estado de derecho por el fugado Puigdemont; y, en fin, exigiendo a Sánchez que la Fiscalía retire todos los cargos contra los golpistas a cambio de su apoyo a los presupuestos, ya que, según el acreditado penalista Torra, “la única sentencia justa será la absolución”. Exigencia, por cierto, un tanto incomprensible cuando en su mano está poner en libertad a los presos ‘políticos’ y hacer efectiva de una vez por todas la dos veces ya proclamada república. ¿A ver si es que le ha pillado gusto al cargo y no está dispuesto a seguir los pasos de su mentor hacia Waterloo?
Sánchez ganó la moción de censura el 1 de junio, con apoyo de ‘podemitas’, nacionalistas vascos, secesionistas catalanes (ERC y PDeCAT) y los herederos de la extinta ETA (EH-Bildu), y formó un Gobierno monocolor ni mejor ni peor en conjunto que otros anteriores. El asunto que nos preocupa a muchos ciudadanos no son los atributos personales y los méritos profesionales de los miembros del Consejo de Ministros, sino su capacidad para plasmar en los presupuestos del Estado un programa de gobierno razonable, no mediatizado por las imposibles demandas de sus avalistas. Cualquier persona a quien no le ciegue una ambición personal desmedida reconocería de inmediato que con 84 diputados y el apoyo muy medido de los 71 diputados de Podemos, el PSOE no está en condiciones de gobernar a los españoles.
Ningún demócrata puede cuestionar la legitimidad de ningún diputado (ni siquiera de los secesionistas), ni arrojar sombras de duda sobre la elección de Sánchez que cumplió escrupulosamente todos los requisitos formales exigidos por la Constitución. Ahora bien, ello no nos impide reconocer que una consecuencia incontestable del cómo se produjo dicha elección es que el Gobierno quedó a merced de partidos que, como ERC y PDeCAT, han convertido en hábito en los últimos años saltarse la Ley y vulnerar la división de poderes y competencias de nuestro ordenamiento constitucional. Y buena prueba de esa debilidad intrínseca del Gobierno, Sra. Calvo, es que la Abogacía del Estado, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, haya retirado la acusación de rebelión a los golpistas –calificación sobre la que, como le recordaba a usted un periodista hace unos días, Sánchez-Secretario General no albergaba ninguna duda hasta pocos días antes de instalarse en La Moncloa–, y la haya rebajado a sedición y malversación de caudales. A este proceder, algunos lo llaman peaje; otros bajarse los pantalones o, perdón, las faldas en este caso.
Con independencia de los méritos (o deméritos) de los PGE-2019 acordados con Podemos, la negativa definitiva de los partidos golpistas a votarlos, escenificada en una comparecencia de Torra en el Parlament, pone de manifiesto la extrema precariedad del Gobierno de Sánchez. El Presidente está ahora obligado a confrontar la realidad parlamentaria, y elegir entre prorrogar los presupuestos de Rajoy haciendo retoques ‘puntuales’ para mantenerse en el poder unos meses más, o convocar elecciones para dar la palabra a los ciudadanos. Iglesias ya ha manifestado su preferencia por ir a elecciones. Y es que sin un presupuesto marcado con su impronta, resultaría suicida para la formación morada continuar apoyando al Gobierno. Elegir como socios preferentes a populistas que abominan del ‘régimen del 78’ y a secesionistas confesos cuyo único objetivo es lograr la independencia de Cataluña (y El País Vasco y Navarra) constituye una apuesta peligrosa, pero no contar ni tan siquiera con su apoyo sólo puede agudizar la inestabilidad política y la inseguridad jurídica en que estamos instalados desde hace cinco meses, un entorno nada favorable para prolongar la bonanza económica de los últimos cinco años. Tras resistirse como gato panza arriba, el ministro Ábalos ha dejado entrever que podría haber elecciones generales a la vista, coincidiendo con las municipales. Una buena noticia que el propio Sánchez ha confirmado.
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona
Clemente Polo
19 de noviembre de 2018
