El PP acusa a la Diputación de León de perder 772.000 euros de la Junta por no iniciar a tiempo la mejora de la LE-5202

Diputación de León
El Partido Popular acusa a la Diputación de León de haber renunciado a una ayuda de 772.442 euros otorgada por la Junta de Castilla y León para el ensanche y mejora de la carretera LE-5202 en San Martín de Moreda. La institución provincial no ejecutó la obra dentro del plazo y deberá devolver el anticipo del 50% recibido en 2023 con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local Desafíos Demográficos.

El PP ha denunciado que la Diputación de León ha perdido una subvención de 772.442 euros concedida por la Consejería de Presidencia en 2023 para la mejora de 2,4 kilómetros de la LE-5202, en el tramo comprendido entre la LE-713 por Arborbuena y la LE-4210 en San Martín de Moreda. La actuación, valorada en 1,6 millones de euros, debía ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2024, límite fijado por la Junta.

Según los populares, la Diputación se ha visto obligada a renunciar a la ayuda porque la empresa adjudicataria no había iniciado las obras en el plazo establecido. Esta situación obligó además a reintegrar los 386.221 euros correspondientes al 50% anticipado por la Junta en noviembre de 2023.

La institución provincial solicitó en octubre del pasado año una prórroga del plazo de ejecución, argumentando “razones presupuestarias y procedimentales”, entre ellas la falta de contratación de los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, imprescindibles para el inicio de los trabajos. Sin embargo, la Junta denegó la ampliación un mes después, dejando sin margen a la Diputación, que reconoció en su escrito de renuncia que la obra “no había comenzado” a pesar de que el plazo final vencía el 31 de diciembre de 2024.

La obra fue licitada en febrero de 2023, bajo la presidencia de Eduardo Morán, aunque el contrato no se firmó hasta enero de 2024, ya con Gerardo Álvarez Courel al frente de la Diputación. El proyecto contaba con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que —según el PP— existía tiempo suficiente para acometerlo dentro del periodo establecido por la ayuda autonómica.

Tras renunciar a la subvención y devolver el anticipo, la Diputación se ha visto obligada a iniciar el procedimiento de resolución del contrato con la empresa adjudicataria “por la demora en el cumplimiento de los plazos y la ausencia de inicio material de las obras”.