El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 19 nuevas plazas de jueces y 7 de fiscales en Castilla y León, una medida que permitirá reforzar el servicio público de Justicia en la comunidad. Con esta ampliación, la plantilla judicial crecerá un 5,8 % y la del Ministerio Fiscal un 5,07 %, dentro del mayor incremento de efectivos aprobado hasta la fecha por el Gobierno.
La medida forma parte de un paquete nacional que contempla la creación de 700 nuevas plazas —500 para jueces y 200 para fiscales— con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas necesidades organizativas.
León contará con un nuevo juez en la Audiencia Provincial
De las 19 plazas judiciales asignadas a Castilla y León, 18 se destinarán a tribunales de instancia y una corresponderá a la Audiencia Provincial de León, que verá reforzada su plantilla.
Los nuevos tribunales de instancia beneficiarán a partidos judiciales de Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Soria, Palencia, Ávila, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, atendiendo a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y el volumen de población.
Siete nuevos fiscales para reforzar áreas especializadas
El acuerdo también contempla la creación de 7 nuevas plazas de fiscales en Castilla y León, lo que supone un incremento del 5,07 % de la plantilla del Ministerio Fiscal en la comunidad.
Estas incorporaciones contribuirán a reforzar áreas de especial relevancia como los delitos de odio y discriminación, la trata de personas, la violencia sobre la mujer, la criminalidad informática, la cooperación penal internacional y la protección de datos, además de fortalecer la Inspección Fiscal.
Un incremento histórico en toda España
A nivel nacional, el Gobierno ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas judiciales, lo que supone un aumento del 8,5 % de la planta judicial española, integrada actualmente por 5.887 plazas. Asimismo, se crearán 200 nuevas plazas de fiscales, el mayor incremento registrado en los últimos quince años.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó la medida como un "hito histórico", al tratarse de la mayor ampliación de jueces y fiscales aprobada por un Gobierno en España.
La Ley de Eficiencia permite ampliar la plantilla con menor coste
El Ministerio ha destacado que esta ampliación ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales por los nuevos tribunales de instancia, con una organización más flexible y una Oficina Judicial común.
Este sistema reduce significativamente el coste de creación de nuevas plazas. Mientras un juzgado tradicional suponía una inversión cercana a los 500.000 euros, cada nueva plaza judicial vinculada al nuevo modelo tiene un coste aproximado de 100.000 euros. Así, la creación de las 500 plazas judiciales previstas requerirá una inversión estimada de 55 millones de euros, frente a los cerca de 260 millones que habría supuesto el modelo anterior.
Con esta ampliación, el Gobierno busca mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia, reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales y adaptar el sistema a las necesidades actuales de ciudadanos y profesionales.
