Tras una consulta realizada por el mismo interesado, que solicitó informes sobre una posible vulneración del Código Ético, la Comisión concluye que no existe obligación de abstención ni conflicto de intereses.
El presidente de la Comisión, Luis Miguel González Gago, también consejero de la Presidencia, fue cuestionado por su participación en el análisis de dos asuntos relacionados con altos cargos de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la Comisión, en una reunión en la que González Gago fue sustituido por la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, designada por la Junta de Castilla y León, determinó que no hay fundamentos para la abstención ni conflicto de intereses.
González Gago argumentó que el interesado no presentó motivos concretos que justificaran la abstención o conflicto de intereses, según lo establecido por la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión consideró que la pertenencia a la Junta de Castilla y León no constituye un conflicto de intereses legalmente definido en esta situación.
Además, la Ley del Estatuto de Altos Cargos de la Administración de Castilla y León prevé la participación del presidente en la aclaración de consultas que involucren a otros altos cargos de la Administración autonómica. González Gago hizo un llamamiento a la utilización responsable de la Comisión, destacando que el mismo interesado ha presentado tres procedimientos en un corto periodo, lo que podría considerarse como un abuso de derecho y contraproducente para la eficiencia de la Administración Pública.
