La Junta de Castilla y León exige mejoras sustanciales en el servicio ferroviario

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León informa que la consejera María González Corral ha enviado una carta al presidente de Renfe, Raúl Blanco, solicitando una reunión urgente para abordar diversas demandas cruciales relacionadas con el servicio ferroviario en la región.

La misiva destaca la importancia del transporte ferroviario en Castilla y León como elemento vital para la cohesión territorial y el desarrollo de diversas áreas, tanto urbanas como rurales. Entre las principales peticiones, la consejera destaca la necesidad de aumentar la oferta de plazas de acuerdo con la demanda, incrementar la frecuencia de los servicios, y mejorar el control y vigilancia de reservas y bonos.

Además, se hace hincapié en la recuperación de servicios como los 'Tren Hotel' anteriores a la pandemia, la implementación de nuevos servicios de trenes madrugadores y el acceso a plazas sinergiadas en AVE o ALVIA. La Junta también insiste en ampliar las Declaraciones de Obligación de Servicio Público (OSP) para todas las relaciones ferroviarias de alta velocidad y sus tramos intermedios en la red de Castilla y León.

Otras demandas incluyen soluciones para estaciones de alta velocidad alejadas de los núcleos de población, mejoras en conexiones de Media Distancia convencional, la continuación de proyectos piloto iniciados en 2023, la no supresión de servicios y paradas en municipios rurales, y la reapertura de varias líneas ferroviarias en la región.

La carta también aborda la variante de Pajares, instando a garantizar la movilidad en las localidades afectadas por los cambios en los servicios ferroviarios, así como la puesta en servicio de la línea RAM (Red de Ancho Métrico) hasta la estación de León. Se solicita igualdad de trato con Asturias y Cantabria en relación con el suministro de nuevos trenes de vía estrecha.

En un anexo, la consejera adjunta las reivindicaciones de las asociaciones y plataformas de usuarios de Castilla y León, que han expresado sus preocupaciones a lo largo de la presente legislatura tanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como a Renfe.