La Junta de Castilla y León no está haciendo los deberes con los interinos. El 10 de marzo de 2021 se aprobó una PNL presentada por el Partido Popular de Las Cortes en apoyo de los trabajadores temporales de Castilla y León. El consejero de Presidencia, Angel Ibáñez dijo ante todos los grupos parlamentarios estar en deuda con sus trabajadores temporales públicos, que se encontraban en esta situación por la mala praxis de las propias Administraciones Públicas. También que el Gobierno de la Junta no podía dar solución al problema, porque la solución debía venir del Estado. El 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que marcó las líneas básicas para la estabilización de los interinos y dejó en manos de cada Administración local y autonómica su aplicación.
¿Y qué hace la Junta de Castilla y León por sus trabajadores? Parece haber olvidado las bonitas palabras dedicadas a sus empleados hace un año y, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, en primer lugar, aceleró convocatorias de procesos selectivos justo antes de la publicación de la Ley y actualmente está cesando interinos con 10, 14, 18 y más de 20 años de servicios ofertando sus plazas a las personas que han superado dichos procesos, cuando hay plazas vacantes suficientes para evitar el cese de interinos protegidos por la Ley 20/21.
En segundo lugar, y obviando el objetivo de la Ley que, como su nombre indica pretende reducir la temporalidad en el empleo público, la Junta, está ofertando plazas para la promoción interna de funcionarios de carrera, que están ocupadas en Fraude de Ley por abuso de temporalidad, por los interinos de más antigüedad, que van a cesar en sus puestos de trabajo, sin ningún tipo de indemnización tras años de servicios, cuando la obligación de la Junta es estabilizar sus plazas aplicando la Ley 20/2021.
Por ello, la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León estará el día 11 en la Plaza de Las Cortes para recordar al Grupo Popular de Las Cortes, al Presidente Mañueco y al Consejero Ibañez, la deuda que tienen con sus empleados públicos en fraude de ley por abuso de temporalidad. Exigirles que terminen los ceses de interinos de larga duración y que, con total transparencia, sin trampas, apliquen la Ley Estatal 20/2021 de obligado cumplimiento, para poner fin al abuso de la contratación temporal de sus empleados facilitando su estabilidad laboral, por el beneficio de la propia administración, que preservará su experiencia, y por el beneficio de los ciudadanos de Castilla y León, que merecen unos servicios públicos de calidad.
