Los trabajadores públicos temporales han recurrido a esta medida para denunciar que el proyecto de ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público sigue sin cumplir con las sentencias del TJUE y sin transponer la directiva, según informan los interinos en un comunicado. El proyecto de ley se encuentra en proceso de debate en el Congreso de los Diputados.
Las movilizaciones en Bruselas se mantendrán hasta el día 18, de 12 a 14 horas. Además, las organizaciones, entre las que se encuentra la Plataforma de trabajadores temporales públicos de Castilla y León, han llevado a cabo reuniones con los representantes de los distintos grupos políticos del Parlamento europeo para exponerles el incumplimiento de España de la normativa y jurisprudencia europeas.
En este sentido, denuncian que España lleva décadas aplicando la contratación temporal en el empleo público «sin ningún rubor» para cubrir plazas estructurales con contratos temporales en lugar de fijos. Las Administraciones públicas españolas no tienen ningún control sobre las contrataciones temporales abusivas, no dan datos del número real de afectados ni son sancionadas.
«La única propuesta hasta ahora ha sido convocar oposiciones, un sistema que ni compensa a las víctimas del abuso ni sanciona a los responsables, y que puede dejar además en el paro y sin indemnización a miles de afectados (800.000 en toda España)», exponen en su comunicado.
Del mismo modo, exigen estabilidad mediante la fijeza para los empleados que llevan más de tres años -el límite legal- con contratos temporales y la paralización de las Ofertas de Empleo Público convocadas hasta que se realice esta estabilización, para que ningún abusado pierda su empleo.
Los convocantes de la protesta también advierten en su comunicado de que este incumplimiento puede amenazar la consecución de los fondos europeos, ya que el texto de la futura ley debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la Comisión tiene pendiente cerrar los procedimientos de infracción abiertos contra el Reino de España en materia de empleo temporal.
