El colectivo Alantre ha denunciado públicamente la nueva subida de los peajes en las autopistas que atraviesan territorio leonés, concretamente en los tramos León–Astorga y León–Asturias, que se incrementan entre un 3,6 % y un 4,6 % con el inicio del año 2026.
Desde la organización señalan que estas autopistas están “pagadas de sobra”, amortizadas desde hace años y, en el caso de la conexión con Asturias, declarada ilegal, pero que continúan funcionando como un “impuesto encubierto” para la ciudadanía que no dispone de alternativas viarias. Alantre critica que esta situación beneficia exclusivamente a las concesionarias, a las que acusa de obtener “un beneficio caído del cielo” a costa de un territorio que no decide sobre sus propias infraestructuras.
El colectivo rechaza que la subida responda a un ajuste técnico o a una circunstancia puntual y la define como “la desigualdad hecha política”. En este sentido, advierten de que la prórroga de la concesión de la AP-66 resulta cada vez más difícil de justificar y que el incremento de tarifas responde a la intención de “exprimir el negocio hasta el final” antes de su eventual fin.
Alantre denuncia además la contradicción entre los discursos institucionales sobre cohesión territorial y lucha contra la despoblación y la realidad que, aseguran, viven las comarcas leonesas. “Mientras hablan de cohesión, nos obligan a pagar por movernos dentro de nuestro propio territorio”, afirman, subrayando que en muchas zonas desplazarse no es una opción, sino una necesidad diaria para trabajar o acceder a servicios básicos.
La organización recuerda que esta situación se prolonga desde hace décadas, con promesas de alternativas viarias que nunca se materializan y con una clara desigualdad entre territorios donde se paga por circular y otros donde no existen peajes. A su juicio, esta diferencia supone una discriminación que castiga especialmente a las zonas más despobladas.
Por todo ello, Alantre exige el fin inmediato de los peajes, la reversión de las autopistas a la gestión pública y una red viaria “al servicio de la gente y no de las concesionarias”. El colectivo advierte de que lo que está en juego no es solo el coste de un trayecto, sino el derecho a vivir en el País Leonés sin ser penalizado por ello, y considera que el autogobierno se presenta como una necesidad cada vez más urgente para proteger al territorio frente a este tipo de abusos.
