La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha denunciado los constantes retrasos e impagos salariales que sufren las intérpretes de lengua de signos española en los centros educativos públicos de la región, especialmente en la provincia de León. Según el sindicato, la situación se ha agravado con el impago de la nómina de diciembre, afectando a trabajadoras esenciales para la atención del alumnado con discapacidad auditiva.
Problemas con la empresa concesionaria
El servicio, adjudicado a Oncall Europa S.L. por la Consejería de Educación de Castilla y León, se encarga desde septiembre de 2025 de cubrir las necesidades de interpretación en los colegios e institutos. Sin embargo, desde su inicio se han registrado retrasos reiterados en los pagos conforme al convenio colectivo, lo que genera una situación de inestabilidad laboral y afecta directamente a la calidad educativa que recibe el alumnado.
Víctor Bejega, Secretario General de CCOO Enseñanza León, afirma: “La situación es intolerable y afecta no solo a los salarios, sino también a la cobertura de puestos en casos de incapacidad temporal, lo que merma la atención al alumnado”.
Falta de recursos y atención insuficiente al alumnado
El sindicato alerta de que la cobertura del servicio es totalmente insuficiente, y que muchos estudiantes con discapacidad auditiva no disponen de intérprete en todo momento o solo reciben atención parcial en algunas asignaturas o días. Esta carencia, reconocida incluso por la Consejería de Educación, evidencia las graves deficiencias en la atención al alumnado con necesidades especiales.
Exigencias de CCOO
Desde CCOO Enseñanza León se exige a la Consejería de Educación:
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Garantizar el abono inmediato de las nóminas a las trabajadoras de Oncall Europa S.L.
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Ampliar la dotación de intérpretes de lengua de signos para cubrir la totalidad de las necesidades del alumnado con discapacidad auditiva.
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Intervenir para asegurar condiciones laborales dignas y estabilidad en el servicio.
El sindicato advierte que seguirá adoptando todas las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras y asegurar que el alumnado no se vea perjudicado por problemas económicos ajenos a ellos.
