En primer lugar, el Comité ha alertado, como han hecho los jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo. Debemos recordar más que nunca que un país son sus instituciones, en este caso, amparadas por la Constitución.
En segundo lugar, entendemos que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia.
En tercer lugar, es nuestra responsabilidad advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.
En este punto, el Comité Ejecutivo de CEOE ha defendido también el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica.
En cuarto lugar, se ha puesto de manifiesto que, mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado.
Un quinto elemento de preocupación para las empresas españolas es la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral. Acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso.
Por último, de nuevo, CEOE en representación de todas las empresas españolas –autónomos, pymes y grandes empresas--, demandamos una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en nuestra Constitución.
Las empresas españolas, desde nuestro papel constitucional y nuestra responsabilidad como interlocutor social, vamos a seguir trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado.
CEOE defenderá también, como hasta ahora, estos principios ante las instancias europeas, de la mano de BusinessEurope, organización
empresarial europea en la que ostentamos una de las Vicepresidencias, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de la que CEOE forma parte, y la organización de pequeñas empresas europeas SMEunited, de la que CEPYME y ATA son miembros.
El objetivo de todos debe ser preservar la paz social y la convivencia entre todos los españoles dentro de los márgenes constitucionales y, por ello, hacemos un llamamiento para situar estos principios por encima de cualquier otro interés político o económico.
