Las Cortes de Castilla y León aprobaron la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para iniciar en 2025 los trámites de construcción de un nuevo edificio destinado a Educación Especial en el barrio de La Lastra de León.
La iniciativa, defendida por el procurador berciano José Ramón García, recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular (PP), que votó en contra. El objetivo es ofrecer una solución a la situación de saturación que vive el Centro de Educación Especial (CEE) Sagrado Corazón de León, que actualmente acoge a más de un centenar de alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas.
Un centro “pequeño, saturado y tensionado”
García calificó la propuesta como una medida “necesaria, urgente y profundamente justa” que atiende a las demandas de familias, alumnado y profesionales. “El CEE Sagrado Corazón se ha quedado pequeño, saturado y tensionado, y la situación no puede prolongarse más tiempo sin poner en riesgo la calidad y la dignidad educativa”, señaló.
En los dos últimos cursos, el centro ha incrementado su matrícula en casi 30 nuevos estudiantes, y en el actual se incorporaron 16 más, mientras que solo tres finalizaron su etapa formativa. “Estamos hablando de unos 120 alumnos con necesidades de apoyo constante, algunos usuarios de sillas de ruedas o mobiliario adaptado, que requieren zonas amplias y espacios adecuados”, explicó el procurador leonesista.
Espacios sacrificados por falta de previsión
El representante de UPL criticó la “falta de previsión” de la Junta de Castilla y León, que ha obligado a reconvertir espacios esenciales del centro para adaptarse al incremento de alumnado. Entre las modificaciones, citó la desaparición del aula de música, la reducción o compartición de aulas de audición y lenguaje, la transformación de la biblioteca y almacenes en aulas y un comedor insuficiente, que obliga a organizar turnos para poder atender a todos los estudiantes.
Además, recordó que el edificio actual no es de titularidad de la Junta, sino de la Diputación de León, lo que complica las actuaciones de mejora o ampliación. “Fue válido en su momento, pero ahora se ha quedado pequeño, y las familias han llegado incluso a pedir cabañas temporales como medida desesperada”, afirmó.
“La educación especial es un derecho, no una excepción”
García lamentó también el “silencio institucional” que ha llevado a desviar a casi 20 niños a un centro ordinario, el CEIP Javier, como solución provisional. “Esto no es inclusión, es fragmentación educativa y logística que perjudica gravemente a los alumnos”, denunció.
El procurador defendió que la educación especial es un derecho constitucional y un mandato social, y subrayó que “cada aula sacrificada es una terapia menos y una oportunidad menos para un niño o una niña”.
Por último, recordó que en Valladolid ya se anunció la construcción de un nuevo centro de Educación Especial con una inversión superior a 7,5 millones de euros, y reclamó que León reciba el mismo trato. “Lo que es justo en Valladolid, debe serlo también para León. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, concluyó.
