El pasado mes de marzo, ambas formaciones registraron una batería de preguntas parlamentarias tras la publicación, el 19 de noviembre de 2024, de las “Recomendaciones de acción inmediata” del Comité de Ministros del Consejo de Europa. En ellas se instaba a España a proteger el leonés, el aragonés, el amazigh, el darija y otras lenguas minoritarias en territorios como Castilla y León, Aragón, Murcia, Ceuta y Melilla.
El requerimiento forma parte de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, ratificada por el Estado español en 2001, que tiene carácter vinculante y forma parte del bloque constitucional. Además, se apoya en el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que compromete a las instituciones a proteger el patrimonio lingüístico.
Pese a ello, el Gobierno ha respondido con vaguedades, delegando la contestación en el Ministerio de Cultura, a pesar de que las competencias en materia de lenguas cooficiales y minoritarias recaen en el Ministerio de Política Territorial, lo que evidencia una falta de planificación y de voluntad política real.
Desde las organizaciones defensoras del leonés se denuncia la inacción tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León y de los ayuntamientos, quienes no han puesto en marcha medidas efectivas, ni en medios de comunicación públicos ni en campañas educativas o culturales. Tampoco se atienden las propuestas de asociaciones privadas que trabajan por la recuperación de esta lengua milenaria.
Cabe recordar que el Consejo de Europa ha fijado el 1 de febrero de 2026 como fecha límite para que España adopte medidas concretas en cumplimiento del Sexto Informe de Seguimiento, publicado en junio de 2024.
El movimiento lingüístico leonés exige el fin de las políticas simbólicas y reclama una planificación real para la recuperación del llionés, que sigue en peligro de desaparición ante la pasividad institucional. La protección del leonés es una obligación constitucional, no una opción
