Izquierda Unida de León (IU León) ha denunciado la adjudicación a SOMACYL de las obras de reforma del pavimento en la Plaza de Regla, la Calle Ancha y el entorno del Edificio Botines, actuaciones que suman una inversión cercana a 2,7 millones de euros.
La organización considera que el proyecto debería someterse a licitación pública, conforme a la normativa de contratación del sector público, y no realizarse a través de la empresa pública SOMACYL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León). IU defiende que esta práctica vulnera los principios de transparencia, publicidad, competencia e igualdad recogidos en la directiva europea de contratación pública.
Críticas a la falta de transparencia y a la privatización de servicios
Desde IU León señalan que las tareas de conservación del pavimento en el entorno de la Catedral venían realizándose con personal municipal, con resultados “de alto grado de conservación”, a diferencia de las actuaciones más recientes realizadas mediante contrataciones externas. La formación considera que esta adjudicación es un nuevo ejemplo de la privatización impulsada por el Ayuntamiento.
Además, IU subraya que el entorno del Edificio Botines presenta un buen estado de conservación, por lo que la reforma no resulta prioritaria. La diferencia de pavimentos entre zonas, añaden, “permite distinguir y dar personalidad a cada entorno urbano”.
Más de seis millones de euros adjudicados sin licitación directa
La organización también denuncia que esta adjudicación se suma a otras recientes realizadas por el Ayuntamiento de León a SOMACYL, como la pasarela sobre el río Bernesga, con un presupuesto de 2 millones de euros, y la nueva tolva del sistema de gestión de residuos, valorada en 1,6 millones. En total, más de 6 millones de euros adjudicados sin proceso de licitación pública.
IU recuerda las declaraciones del alcalde sobre SOMACYL
IU León recuerda que el actual alcalde, José Antonio Diez, criticó en el pasado el uso de SOMACYL por parte de la Junta de Castilla y León, calificándola de “caja B” de la administración autonómica. “Hoy es él quien recurre a este mismo sistema para adjudicar obras sin concurso público”, lamenta la organización.
