Excesiva reducción de plantilla.
Desde la organización explican que la plantilla ha ido mermando desde esta fecha, y, aunque hay planes para sustituir algunas de las 100 jubilaciones en una plantilla que era, en su momento de 224 personas, no es suficiente para recuperar la calidad del servicio. “Las calles de León necesitan con urgencia inversión en limpieza y en mantenimiento, aunque la cuadrilla municipal de este último servicio ha desaparecido casi en su totalidad y este ámbito está ya casi totalmente privatizado.”
Desde Izquierda Unida insisten en que “la fórmula pública es la mejor posible” para cualquier servicio municipal, pero que la reducción de personal y costes es excesiva para poder mantener la limpieza de la ciudad. En su momento, la plantilla asumió, además, una reducción salarial del 23 por ciento, con el fin de mantener la integridad de los puestos de trabajo. El ahorro debería haberse repercutido en una mejora del servicio.
Costes.
Los costes, a día de hoy, del servicio, son de 12,30 millones de euros, frente a los 20 millones que el Ayuntamiento destinaba a costear el servicio externalizado a través de URBASER. Además, debemos tener en cuenta la inflación, lo que significa que este mismo servicio, a día de hoy costaría, con las condiciones de entonces, 24.561.325,63 euros. Por lo tanto, “el Consistorio se ahorra, ahora mismo, la mitad de la inversión”, analizan.
Carmen Franganillo, coordinadora local de IU, opina que “la limpieza de las calles de León es muy deficiente”, y “tiene que ver directamente con la falta de personal”. “De nada sirve invertir en maquinaria si hace tiempo que el personal no llega a todo. La ciudad tiene la mitad de plantilla que hace diez años y la ciudad ha crecido, a pesar de que tiene menos población. Llevamos años advirtiendo de que para hacer crecer la ciudad hay que invertir en servicios a la vez.”
La historia de la municipalización.
La remunicipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras se acordó en Pleno del 29 de enero de 2013, con los votos favorables del PP, que estaba en gobierno, y del PSOE. La UPL se abstuvo entonces. La subrogación de la plantilla se efectuó con contratos indefinidos, pero con una importante rebaja salarial. Durante el primer año, la inversión se redujo a 10,5 millones, frente a la estimación de los 12.3 millones estimados, en los que se incluían las nóminas y mantenimiento y renovación de equipos y material, lo que ya entonces supuso un importante ahorro. En 2018 se aprobó que la gestión pasara a manos del ILRUV, empresa pública, como parte de un acuerdo con el Comité de empresa. Pero, según IU “desde entonces, el servicio no ha hecho más que empeorar, y nos gustaría conocer todas las razones para ello.”
