La publicación hoy en el BOE del Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, introduce importantes cambios en la Política Agrícola Común (PAC), entre ellos la obligación de documentar los arrendamientos rústicos para poder acceder a ayudas directas y medidas de desarrollo rural.
Según el decreto, los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar a la autoridad competente el derecho al uso de las parcelas cuando se les requiera, y la administración realizará un control reforzado de la documentación.
Problemas en León con los arrendamientos verbales
En provincias como León, más del 70% de la superficie cultivada está en arrendamiento, llegando al 100% en el caso de los jóvenes agricultores. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos son verbales, y muchos arrendatarios no conservan justificantes de pago de las rentas, lo que genera incertidumbre jurídica y fiscal.
ASAJA León respalda la formalización de contratos por escrito según la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero reconoce que los propietarios a menudo se niegan a firmar documentos o aceptar pagos que dejen constancia. Esto es especialmente relevante en zonas no concentradas y tierras marginales, donde predomina el minifundismo y las fincas son de dimensiones muy pequeñas.
Riesgos y posibles consecuencias
Según ASAJA, la nueva normativa podría incrementar los conflictos entre arrendadores y arrendatarios y aumentar el riesgo de abandono de fincas, al dificultar los acuerdos en parcelas marginales. Además, los agricultores que no puedan acreditar sus arrendamientos podrían ver reducciones en las ayudas de la PAC.
El cambio normativo, publicado hoy en el BOE, busca dar seguridad jurídica y transparencia fiscal, pero su implementación plantea desafíos significativos para el sector agrícola leonés, especialmente para quienes trabajan en arrendamientos no formalizados.
