"Deseamos contar con más pisos en alquiler para acoger a las familias que acompañamos", señaló Dolores Queiro, coordinadora del proyecto. Durante el año 2022, el programa brindó apoyo a 193 personas, incluyendo a 133 adultos y 60 menores, provenientes de 24 nacionalidades diferentes. Estas personas han huido de sus países de origen para proteger sus vidas. Sin embargo, el acceso a una vivienda se ha convertido en un desafío debido a la escasez de oferta en el mercado y a las dificultades adicionales que enfrentan, como las barreras del idioma, el desconocimiento de las leyes del mercado inmobiliario, las tecnologías de búsqueda, la falta de avales o referencias de antiguos propietarios, así como la incapacidad de presentar nóminas.
Lamentablemente, estas personas se ven expuestas a "demandas abusivas por parte de especuladores, propietarios y agencias inmobiliarias", además de enfrentar el rechazo sistemático por ser extranjeros y racializados. Queiro enfatizó que "hacer que se sientan como en casa es responsabilidad de todos" al defender el "derecho fundamental" a una vivienda y hacer un llamado a colaborar con la bolsa de viviendas que ha disminuido considerablemente en los últimos meses.
Para los refugiados ucranianos, el camino por delante es largo y lleno de desafíos. Deben superar la incertidumbre, enfrentar el impacto inicial, adaptarse a una nueva vida que incluye la búsqueda de empleo o la escolarización en un país desconocido en términos de idioma y costumbres. Queiro confesó que dejar abruptamente su país genera una sensación de desgarramiento y se trabaja en el programa para evitar la cronificación de este duelo migratorio.
El Programa de Protección Internacional (PPI), ubicado en La Fontana de Armunia, tiene una duración de 18 meses y se divide en dos fases: acogida temporal y preparación para la autonomía, mediante la creación de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. La llegada a un país de acogida no significa el fin de los desafíos para las personas refugiadas. Además de la vivienda, el acceso al mercado laboral es fundamental. Tener un empleo proporciona no solo los medios de subsistencia, sino también una garantía que aleja el riesgo de exclusión social.
Además, el PPI cuenta con un grupo dedicado a mujeres y personas LGTBI+ para abordar las problemáticas que afectan a este colectivo, ya que en muchas partes del mundo experimentan violencia y persecución debido a su orientación sexual o identidad de género.
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