La organización agraria ASAJA ha solicitado el amparo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante la decisión de la empresa AB Azucarera, perteneciente al grupo British Sugar, de no renovar contratos de cultivo de remolacha a un número indeterminado de agricultores de la comunidad para la campaña 2026/2027.
El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha trasladado su preocupación por una medida sin precedentes en la historia del sector remolachero regional. Esta decisión llega, además, en el primer año de contratación tras el cierre de las fábricas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León), lo que agrava la incertidumbre entre los productores.
Impacto en la PAC y en la viabilidad de las explotaciones
Según ASAJA, la supresión de contratos supone un duro golpe para los agricultores, que pierden una alternativa clave dentro de sus explotaciones. El cultivo de remolacha es fundamental para cumplir con los requisitos de la Política Agraria Común (PAC), como la diversificación y rotación de cultivos o la adhesión a eco regímenes.
Además, muchos productores podrían incumplir compromisos adquiridos en programas agroambientales firmados en 2023 con una duración de cinco años, lo que podría acarrear penalizaciones económicas.
Críticas a la falta de respuesta de la Junta
ASAJA ha denunciado la falta de reacción de la Consejería de Agricultura, pese a que la organización ya presentó una queja formal semanas atrás. Aunque la empresa ha comunicado su decisión a la Junta, no ha habido pronunciamiento oficial hasta el momento.
El argumento de Azucarera, trasladado de forma verbal, es que los agricultores afectados presentan bajos rendimientos por hectárea y que, con los precios actuales —en torno a 36 euros por tonelada—, no se cubrirían los costes de producción.
La Ley de la Cadena Alimentaria, en el centro del conflicto
ASAJA recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe contratos que no garanticen la cobertura de costes en el primer eslabón. Sin embargo, la organización subraya que la mayoría de los cultivadores de remolacha no cubren dichos costes ni siquiera con rendimientos elevados, dependiendo en gran medida de las ayudas de la PAC para obtener rentabilidad.
Asimismo, responsabiliza a la propia Azucarera de los bajos rendimientos en muchos casos, debido a su modelo de “contrato compartido”, en el que la industria asumía la dirección técnica del cultivo, dejando al agricultor como un mero ejecutor.
Exigencias de ASAJA: precios justos e inversiones
ASAJA exige a la Junta una intervención “contundente e inmediata” para defender a los remolacheros y cumplir el compromiso adquirido tras el cierre de las fábricas de que el sector no se vería perjudicado.
Entre sus principales demandas, la organización reclama:
- Igualdad de trato para todos los agricultores de Castilla y León
- Precios en línea con los de otras industrias como ACOR
- Inversiones en infraestructuras que permitan campañas más cortas (menos de 90 días)
El alargamiento de las campañas, advierte ASAJA, está deteriorando la calidad y cantidad de la remolacha, generando pérdidas adicionales y retrasos en las siembras de la siguiente campaña.
Un sector en riesgo
La organización agraria concluye que esta decisión pone en serio riesgo la continuidad del cultivo de remolacha en Castilla y León, un sector estratégico para el medio rural y la economía agraria de la comunidad.
