domingo. 05.05.2024

Ciudadanos denuncia la concesión "a dedo" de las escuelas deportivas de San Andrés y plantea interrogantes sobre su legalidad

El grupo municipal de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo ha presentado un escrito de denuncia el miércoles pasado, cuestionando la asignación de un contrato para actividades deportivas en las escuelas Trepalio y Teodoro Martínez Gadañón a una empresa específica.

Rafael Sánchez liderará el proyecto de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo
Rafael Sánchez liderará el proyecto de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo

Esta concesión, según advierte el portavoz de la formación naranja, Rafa Sánchez, plantea serias dudas de legalidad, dado que el contrato quedó desierto y no se realizó una contratación por invitación debido a la falta de un secretario municipal.

Según la denuncia, el servicio de escuelas deportivas se puso en marcha repentinamente, y las familias comenzaron a recibir información sobre el pago de las actividades sin que el resto de la corporación municipal tuviera conocimiento de la concesión del contrato. Ciudadanos sostiene que se ha otorgado la concesión de forma discrecional por parte del equipo de gobierno de la UPL de Courel, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso.

La empresa que ha sido designada ya se ha publicitado entre la comunidad educativa de los dos colegios, anunciando su responsabilidad en la realización de actividades deportivas en ambos colegios desde el 13 de noviembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024. La publicación detalla las tarifas anuales, estableciendo cuotas de 30 euros para una actividad y 20 euros por actividad para quienes opten por dos. La empresa también proporciona una hoja de inscripción que debe enviarse por correo electrónico junto con el comprobante de pago de la actividad.

Por lo tanto, Ciudadanos ha presentado un documento solicitando al equipo de gobierno de UPL que brinde explicaciones sobre la asignación del contrato, que, según ellos, parece haberse realizado de manera arbitraria. Rafa Sánchez plantea una pregunta crucial: "Si no hay contrato, ¿quién defiende los intereses de los vecinos en caso de surgir problemas con la empresa?"

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