El PP denuncia retrasos en el pago de ayudas a polígonos industriales
El grupo del Partido Popular en la Diputación ha denunciado que la institución provincial todavía no ha abonado el 10% restante de las ayudas concedidas para la modernización de polígonos industriales correspondientes a las convocatorias de 2021 y 2022.
Según la formación popular, estas subvenciones forman parte de una línea de apoyo puesta en marcha hace cinco años por la Diputación para mejorar el suelo industrial de titularidad municipal, con el objetivo de impulsar la competitividad y la modernización de los polígonos de la provincia.
5 millones de euros repartidos entre 32 ayuntamientos
Las convocatorias de 2021 y 2022 contaron con una dotación global de 5 millones de euros. En la primera anualidad se consignaron 2 millones, ampliados posteriormente con otros 3 millones en 2022. En total, 32 ayuntamientos resultaron beneficiarios, con importes que oscilaron entre los 75.000 y los 200.000 euros.
El sistema de pago establecido contemplaba un adelanto del 90% de la ayuda, que se abonó entre 2022 y 2023. Sin embargo, el problema señalado por el PP radica en el 10% restante, que aún no habría sido ingresado pese a que han pasado tres años desde la concesión de las subvenciones.
Críticas a la gestión del equipo de gobierno
El portavoz del PP en la Diputación, David Fernández, ha calificado la situación como “un ejemplo más” de la “incapacidad de gestión” del equipo de gobierno formado por el Partido Socialista Obrero Español y la Unión del Pueblo Leonés.
Fernández sostiene que se trata de retrasos “injustificados” en trámites que considera rutinarios, lo que, según el PP, termina afectando directamente a los ayuntamientos, que han tenido que adelantar fondos para ejecutar las actuaciones de mejora en los polígonos industriales.
Un conflicto centrado en la financiación municipal
La denuncia vuelve a poner el foco en la gestión de las subvenciones provinciales y en los plazos de pago a los consistorios beneficiarios. Desde el PP insisten en que la demora del último 10% supone una carga financiera añadida para los municipios, que ya han ejecutado las obras previstas en sus áreas industriales.
Por el momento, la Diputación no ha detallado públicamente una respuesta específica a estas críticas.
