PP pide a la Diputación de León aclarar la denuncia por el contrato de conservación de carreteras
El Grupo Popular en la Diputación de León ha solicitado al equipo de gobierno que aclare la denuncia presentada por las dos empresas adjudicatarias del anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras, que reclaman no haber recibido la actualización de precios desde el año 2017 hasta la firma del nuevo contrato en 2023.
Según la información trasladada por el PP, esta situación podría derivar en una obligación de pago por parte de la institución provincial que incluiría la diferencia de costes acumulada durante esos años, marcada además por el incremento de precios derivado de la crisis de suministros y la Guerra de Ucrania, así como los posibles intereses de demora si la Justicia da la razón a las empresas.
Las adjudicatarias basan su reclamación en el pliego del contrato aprobado en 2015, que contemplaba revisiones de precios en determinadas condiciones durante las prórrogas de 2018 y 2019, así como en el decreto-ley 4/2022 del Gobierno de España, que regula medidas extraordinarias de revisión excepcional de precios en contratos públicos de obras.
Sin embargo, la Diputación habría rechazado estas reclamaciones al considerar que el contrato original no incluía cláusulas de revisión de precios, a pesar de que el servicio continuó prestándose en situación de prórroga hasta la adjudicación del nuevo contrato.
El contrato de conservación de carreteras fue adjudicado inicialmente en 2015 por un importe de 1,5 millones de euros anuales por cada uno de los dos lotes, correspondientes a las zonas occidental y oriental de la provincia, con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de prórroga hasta 2019.
El PP también ha señalado la gestión del anterior equipo de gobierno de PSOE y UPL, al que atribuye sucesivas prórrogas del contrato sin nuevo procedimiento de licitación durante parte del mandato, así como el uso de pagos mediante reconocimiento extrajudicial de crédito hasta la convocatoria de un nuevo concurso.
El proceso de licitación iniciado posteriormente en 2021 tuvo que ser paralizado tras la intervención de la consultora pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, lo que obligó a reiniciar el procedimiento hasta su adjudicación definitiva en 2023.
El nuevo contrato vigente supuso un incremento presupuestario hasta los 3 millones de euros anuales por cada uno de los dos sectores de conservación de la red provincial de carreteras.