Los números muestran un incremento de 2,300 personas desempleadas en comparación con el trimestre anterior, y un aumento de 1,300 personas si comparamos los datos con el mismo periodo del año anterior. Además, en términos de ocupación, los datos también son desalentadores, ya que se registra una disminución de 2,900 personas con respecto al trimestre anterior y de 9,000 personas en comparación con el mismo período del año anterior.
Estos datos sitúan a la provincia de León con una tasa de actividad del 51.15%, una de las más bajas del país, y una tasa de desempleo que se sitúa en el 10.41%.
Un aspecto que merece una atención especial es la tasa de actividad, que sigue sin mostrar signos de mejora en la provincia. Esto refleja una disminución en la población en edad de trabajar, lo que se asocia a un envejecimiento creciente y una pérdida de población joven en la región. Esto, junto con el desafío que representa la falta de trabajadores para cubrir ciertos empleos en el mercado laboral, subraya la necesidad urgente de un compromiso sólido tanto por parte de las autoridades gubernamentales como de los agentes sociales para revisar y actualizar las políticas de empleo, tanto activas como pasivas. También es crucial rediseñar los programas formativos en todos los niveles educativos para incluir las nuevas competencias profesionales requeridas por las tecnologías emergentes y adaptarlos a las necesidades de las empresas.
Las recientes medidas anunciadas y recogidas en el acuerdo programático entre el PSOE y SUMAR para la formación de un nuevo Gobierno plantean preocupaciones sobre su impacto negativo en la actividad empresarial y, en última instancia, en el crecimiento económico y la creación de empleo en España.
En línea con las alertas emitidas por la Federación en los últimos meses, el mercado laboral enfrenta desafíos a medida que el año llega a su fin. Las recientes medidas anunciadas y recogidas en el acuerdo programático entre el PSOE y SUMAR para la formación de un nuevo Gobierno plantean preocupaciones sobre su impacto negativo en la actividad empresarial y, en última instancia, en el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Estas medidas abordan cuestiones vinculadas al Diálogo Social y la negociación colectiva, acordando aspectos de gran relevancia sin involucrar a los interlocutores sociales.
