Los centros de educación especial muestran su preocupación por la falta de libertad de elección de centro

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El senador Antonio Silván y la diputada Carmen González-Guinda han explicado la postura de su partido ante la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celáa, a los responsables y representantes de los cuatro centros de educación especial de León (Sagrado Corazón, Autismo León, Asprona y Aspace).

Los populares insisten en que los padres puedan seguir eligiendo dónde escolarizar a sus hijos y rechazan acabar con un sistema educativo que funciona y garantiza el derecho a una enseñanza de calidad para el alumnado de Educación Especial.

Los parlamentarios populares Antonio Silván y Carmen González-Guinda han mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los responsables y representantes de los cuatro centros de educación especial de León (Sagrado Corazón, Autismo León, Asprona y Aspace), que siguen pidiendo la plena inclusión pero atendiendo a la necesidad del menor, aunque lo ven como una “utopía” con el planteamiento del PSOE.

“Los profesionales son los que conocen de primera mano la realidad” y creen que los alumnos de Educación Especial no deben acudir a centros ordinarios. Una postura que coincide con la defendida por el Partido Popular, que hoy de nuevo ha destacado la vital importancia de respetar la liberta de elección de centro de las familias.

Tanto Silván como González-Guinda han criticado de nuevo que PSOE y Podemos aprovecharan el estado de alarma para tramitar una ley tan transcendente como la educativa. Los populares han subrayado que hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad presentan necesidades especiales y por ello la inclusión educativa pasa por contemplar cada situación y a cada alumno y alumna en particular, tal como se viene haciendo tanto en la Educación Ordinaria como en la Educación Especial en este país.

Los populares señalan que con la Ley Celáa el Gobierno pretende desmantelar la red de centros de Educación Especial, lo que supone un ataque a los derechos de los alumnos y una mordaza a las familias; poniendo fin a años de trabajo de profesionales y expertos, y a décadas de reivindicaciones de las familias. El Partido Popular ha exigido una vez más la desaparición de esta disposición porque considera que se está hablando de plazos para terminar con los centros de Educación Especial abocándolos a ser simples centros de referencia en el plazo de diez años.

El Partido Popular defiende el derecho de todas las personas con discapacidad a gozar de una inclusión real en todos los ámbitos de la sociedad y entiende que ello se logra tanto desde la escolarización en centros ordinarios como en centros de Educación Especial.

Los responsables de los centros han realizado de nuevo un llamamiento a todos los alumnos, las familias y los docentes para protestar contra la Ley Celaá de una forma cívica. “Está en juego el futuro y los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. Miles de alumnos van a ser desahuciados de sus colegios. Miles de alumnos de las escuelas ordinarias van a seguir sin recibir los recursos necesarios. Por eso es preciso que las familias se organicen para defender los derechos de sus hijos…”.

Reconocimiento a los trabajadores

Además, el senador y la diputada han reconocido la labor de los profesionales que trabajan en los centros, tanto públicos como privados, de la provincia de León. Unos trabajadores que realizan una gran labor para lograr la plena inserción de las personas con discapacidad: “Queremos agradecer el gran trabajo y la dedicación que han empleado durante todos estos años y especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus”.

 

 

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