El Gobierno socialcomunista —por medio de las unidades tecnológicas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Servicios Centrales Especializados— monitoriza o “ciberpatrulla” las redes sociales en busca de mensajes, que considera peligrosos o campañas de desinformación, que perjudican su imagen.
Corrían los primeros días de julio de 2008 cuando asistí a una conferencia de Manuel Jiménez de Parga en el Colegio de Abogados de Barcelona. El profesor disertó sobre el “régimen parlamentario” español que, a pesar de las previsiones constitucionales, se ha metamorfoseado en “régimen presidencialista”. Para él, esta transformación era la consecuencia de dos factores.
Por un lado, el tipo de partidos que existe en España, que él tildó de “partidos de empleados”: los militantes y los electos son, en general, personas cuya biografía laboral se reduce a la vida en el partido. Por eso, son sumisos a los dictados del presidente del partido o del Gobierno, que puede meterlos o no en las listas; o darles o no un cargo.
Y, por el otro, el sistema electoral español, caracterizado por tres rasgos:
1. “El bipartidismo”, instaurado provisionalmente para las elecciones de 1977, para evitar la “sopa de letras”, pero que se convirtió en permanente.
2. “Las listas cerradas y bloqueadas”, elaboradas por las cúpulas de los partidos, con candidatos sumisos al jefe del partido.
3. “Los gastos excesivos de las numerosas campañas electorales”, financiadas por bancos y todo tipo de empresas, a los que hay que pagarles después con decisiones y favores políticos, poniendo en entredicho el funcionamiento democrático tanto de los partidos como del Parlamento y del Gobierno.
A pesar de esto, según M. J. de Parga, no se trata de estar contra “los” partidos políticos, sino contra “estos” partidos políticos. Por eso, vaticinó el cataclismo que se iba a producir en la vida política española (fin del bipartidismo y nacimiento de nuevos partidos más radicales), como consecuencia de la incompetencia y del desprestigio de la casta política española. Ahora bien, para instaurar la verdadera democracia, —que no consiste sólo en votar cada 4 años— consideró que iba a ser fundamental el papel de los móviles, Internet, redes sociales y periódicos digitales.
Terminada la conferencia, se produjo un animado debate. Y, ante la fe ciega de M. J. de Parga en las nuevas tecnologías, el que suscribe le preguntó: “Si, gracias a las nuevas tecnologías, los ciudadanos fiscalizamos la labor de los políticos y nos concertamos para acabar con la ‘democracia formal’ e intentamos instaurar una ‘democracia real’, ¿cuánto tiempo tardarían los partidos tradicionales del bipartidismo en controlar, en manipular y en censurar las redes sociales, y en utilizarlas para hacernos comulgar con ruedas de molino, para que nada cambie?”.
CIBERPATRULLAJE DEL TRÁFICO EN LAS REDES SOCIALES (RR. SS.).
Desde la conferencia de M. J. de Parga, han pasado 12 años y los hechos le han dado, en parte, la razón: las RR.SS. han permitido que los ciudadanos se empoderen y se conviertan en fuentes de producción y de difusión de información y de opinión, papel reservado para los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, los hechos le han dado también la razón al que suscribe: ante el empoderamiento de los ciudadanos, el gobierno de Pedro Sánchez, ha empezado a tomar decisiones para monitorizar, censurar, manipular y utilizar torticeramente las RR. SS.
En efecto, aprovechando que la pandemia del coronavirus pasaba por España, el actual Gobierno socialcomunista ha situado una amenazadora espada de Damocles sobre nuestra tambaleante democracia. Por un lado, el art. 36.6. de la denostada “Ley de Seguridad Ciudadana” de Mariano Rajoy ha sido aplicado más que nunca por el actual Gobierno en vez de derogarla, como habían prometido. Sólo en los 75 días de confinamiento, se han impuesto más de 1,1 millón de multas para sancionar a aquellos que burlaron el confinamiento.
Silenciar una web o poner cortapisas en las RR. SS. es como poner una mordaza, como proceder al clásico secuestro de publicaciones o al embargo de una imprenta. Por eso, este “decretazo digital” es, según Amnistía Internacional, una ley de excepción.
Por otro lado, el también criticado Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre amplia los supuestos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez puede intervenir las redes, sin control judicial, ni siquiera a posteriori.
En efecto, a los motivos de seguridad pública, de defensa de la vida humana y de emergencia, se añaden los de orden público. Ahora bien, esta intervención del gobierno puede ser considerada como un atentado contra la libertad de expresión y de información.
En realidad, silenciar una web o poner cortapisas en las RR. SS. es como poner una mordaza, como proceder al clásico secuestro de publicaciones o al embargo de una imprenta. Por eso, este “decretazo digital” es, según Amnistía Internacional, una ley de excepción.
Finalmente, debemos referirnos a las declaraciones de Grande-Marlaska (abril de 2020), en plena crisis del coronavirus, para poner freno a las críticas, a las protestas y al descontento de los ciudadanos españoles a través de las redes sociales. Según el Ministro del Interior, por las redes circulan mensajes “que tratan de intoxicar, causar desasosiego y manipular a la opinión pública”. Por eso, el Gobierno socialcomunista —por medio de las unidades tecnológicas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Servicios Centrales Especializados— monitoriza o “ciberpatrulla” las redes sociales en busca de mensajes, que considera peligrosos o campañas de desinformación, que perjudican la imagen el Gobierno.
La casta política ante el peligro de perder el pesebre y el cubil, se está defendiendo como gato panza arriba.
Estas declaraciones de Grande-Marlaska han puesto la mosca detrás de la oreja de muchos, ya que son concomitantes con dos iniciativas relativas al control de la información en las RR. SS.: por un lado, la limitación del reenvío de mensajes por WhatsApp para, según Facebook, combatir los bulos y las desinformaciones; y, por el otro, la contratación, por Facebook, de ciertas empresas periodísticas (Newtral, Maldita y Efe Verifica) para detectar y desmontar bulos, y así luchar contra la desinformación.
En esta coincidencia, algunos han visto una concertación clara entre el Gobierno de España, Facebook y las empresas verificadoras precitadas para neutralizar las RR. SS. y “desempoderar” a la sociedad civil. Haya habido acuerdo o no entre ellos, es muy pertinente cuestionar las intenciones y las prácticas anunciadas por el ministro de Interior, así como el papel que los propietarios de las RR. SS. juegan a la hora de decidir qué es verdad y qué es mentira.
SANCHO, CONTRA LA CASTA POLÍTICA HEMOS TOPADO.
El visionario M. J. de Parga vislumbró el potencial liberador de las RR. SS., para militar en favor de una auténtica democracia. Sin embargo, minusvaloró el poder de reacción de la casta política. Está, ante el peligro de perder el pesebre y el cubil, se está defendiendo como gato panza arriba. Para ello, no ha dudado en crear “Ministerios de la Verdad” (oficiales y privados), para que “patrullen” las RR. SS., y en instaurar de facto un “Estado Orwelliano”, que cercena los derechos fundamentales de expresión y de información, al secuestrar contenidos y/o imponer la censura previa en el comercio lingüístico por las redes sociales. Y esto, como dice N. Chomsky, “hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros”. Y esto, como afirma Mario Vargas Llosa, es propio de “todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información”, poniendo en entredicho la salud democrática de un país.
© Manuel I. Cabezas González
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Almagarinos (Bierzo Alto)