Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha recibido confirmación oficial de que el Ministerio Fiscal ha procedido a incoar el expediente gubernativo y a su anotación en el registro correspondiente para remitir la solicitud y la documentación aportada a la Fiscalía Provincial de León. Este paso se produce tras la denuncia presentada por la formación leonesista el pasado mes de noviembre, en la que solicitaba depurar responsabilidades por el sobrecoste en la contratación de los conciertos del 23 de abril, festividad de la actual Comunidad Autónoma.
Según el documento remitido a UPL, al tener el solicitante su domicilio en la ciudad de León y al haberse producido los hechos en un ámbito territorial susceptible de ser investigado en dicha provincia, la competencia para su conocimiento recae en la Fiscalía Provincial de León.
Desde UPL valoran este avance como “una excelente noticia”, al considerar que permitirá esclarecer las razones del sobrecoste de unos conciertos financiados por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.
Posibles responsabilidades penales
La formación leonesista insiste en que existió un “gasto injustificado” en la organización de estos conciertos, lo que podría derivar en responsabilidades penales. Entre los posibles delitos que ahora investigará la Fiscalía Provincial de León se encuentran la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el cohecho y otros que pudieran surgir a lo largo del proceso.
UPL subraya que los cachés abonados a los artistas que actuaron en los conciertos del 23 de abril fueron muy superiores a los pagados en otras localidades e incluso en temporadas altas, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de una investigación en profundidad.
Críticas a la Junta de Castilla y León
La denuncia de UPL se produce en un contexto de críticas reiteradas a la Junta de Castilla y León, a la que acusan de hacer “oídos sordos” a la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en las Cortes autonómicas a iniciativa de la formación leonesista. Dicha PNL instaba a no utilizar recursos públicos para este tipo de fundaciones.
Pese a ello, la Junta siguió adelante con la organización de los conciertos y ya anunció antes de finalizar 2025 su intención de volver a celebrar la festividad del 23 de abril, nuevamente a través de una fundación que UPL califica como un “chiringuito” cuyo único objetivo es “generar un falso sentimiento de Comunidad”.
Con la asunción del caso por parte de la Fiscalía Provincial de León, el proceso entra ahora en una fase clave para esclarecer si existieron irregularidades en el uso de fondos públicos y para depurar, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes.
