La Junta de Castilla y León ha reiterado su petición al Gobierno de España para suprimir los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9, apelando a la unidad entre comunidades para defender un trato homogéneo en las infraestructuras estratégicas del noroeste peninsular. La reclamación se formuló durante una jornada celebrada en Santiago con la participación de representantes empresariales y de los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León.
El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, insistió en la necesidad de poner fin a estas concesiones, cuestionadas por la Comisión Europea, que considera que sus prórrogas vulneran el Derecho comunitario. Una posición compartida por los ejecutivos gallego y asturiano, que han apoyado la petición mediante una carta remitida al Ministerio de Transportes.
La supresión de los peajes, clave para la cohesión y la competitividad del Noroeste
Sanz Merino explicó que eliminar los peajes es “una prioridad para garantizar la cohesión territorial y la competitividad del Noroeste peninsular”. Solo la AP-66, que registra más de 6.100 vehículos ligeros diarios, soporta un flujo esencial para trabajadores, estudiantes y profesionales del transporte.
La Junta recuerda que existen precedentes en otras regiones, como la eliminación de peajes en la AP-7 en Alicante, e insta al Gobierno a aplicar criterios equilibrados entre corredores con funciones estratégicas similares. Castilla y León subraya que es el territorio de paso principal entre Galicia, Asturias y el centro del país, y que mantener peajes en vías como la AP-66, AP-6, AP-51, AP-61 o AP-71 genera una carga económica desigual para sus ciudadanos.
Bonificaciones autonómicas ante la falta de respuesta del Estado
Ante la ausencia de una resolución definitiva, el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026 incluye casi 10 millones de euros para bonificar a usuarios frecuentes y empadronados en Castilla y León, especialmente en los corredores Segovia–Ávila–Madrid y León–Astorga.
Estas ayudas buscan aliviar los costes laborales y académicos, a la vez que contribuyen a frenar la pérdida de población en las zonas afectadas. La Junta mantiene su disposición a estudiar nuevas intervenciones en la AP-66, dado que las reducciones aplicadas por el Estado resultan insuficientes.
Corredor Atlántico: infraestructuras claves para el desarrollo regional
Durante la jornada, Sanz Merino también reclamó al Gobierno que presente el Plan Director del Corredor Atlántico en Castilla y León y que impulse las actuaciones pendientes para mejorar la movilidad y el transporte de mercancías en el Noroeste. Entre las principales demandas destacan:
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Mejoras en el Lazo del Manzanal, en la línea León–Monforte de Lemos.
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Electrificación de la línea Salamanca–Fuentes de Oñoro, enlace clave con Portugal.
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Recuperación de la Ruta de la Plata, de cara a su incorporación en 2040 a la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico.
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Avances en las autopistas ferroviarias del ramal noroeste.
El impacto económico previsto del Corredor Atlántico en Castilla y León asciende a 3.600 millones de euros, además de una reducción estimada de 8 millones de toneladas de CO₂ hasta 2040 y la captación de 5 millones de toneladas adicionales de mercancías.
Cooperación transfronteriza para impulsar el Noroeste
Las comunidades de Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal, junto con un clúster logístico gallego, han obtenido 1,2 millones de euros en el marco del programa Interreg POPTEC, destinado a mejorar la competitividad y el desarrollo del Corredor Atlántico.
