La Junta de Castilla y León ha celebrado una reunión estratégica con las brigadas provinciales del Grupo de Juego de la Policía Nacional con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y garantizar un entorno de juego seguro y responsable en la comunidad. El encuentro, impulsado por la Consejería de la Presidencia y coordinado por la directora general de Relaciones Institucionales, Irene Muñoz, ha reunido a representantes de las nueve provincias de Castilla y León.
Durante la jornada se presentó el Plan de Inspección de Juego 2025, que establece las directrices de actuación para el año en curso. Este plan busca mejorar la eficacia de las inspecciones, unificar criterios de intervención y fortalecer la colaboración entre la Junta y las fuerzas de seguridad.
“La colaboración institucional es esencial para promover un entorno de juego seguro y responsable. Todas las instituciones debemos trabajar juntas para proteger a los usuarios y velar por el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas del sector”, afirmó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
Desde 2023, la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad que permite a las unidades de la Policía Nacional colaborar activamente en la inspección del juego, la persecución de actividades ilícitas y la supervisión del cumplimiento normativo en los más de 150 establecimientos específicos de juego registrados en la comunidad: 3 casinos, 14 casas de apuestas, 17 bingos y 116 salones de juego. Además, existen más de 9.800 establecimientos de hostelería con máquinas recreativas tipo B.
Para facilitar la labor inspectora, la Junta dota a estas brigadas con tecnología avanzada como ordenadores portátiles con conexión móvil, impresoras portátiles y PDAs para la extracción de datos en tiempo real sobre la actividad de las máquinas de juego.
Según la Memoria Anual de Juego y Apuestas de Castilla y León, en 2024 se realizaron 4.654 inspecciones en establecimientos de juego, frente a las 4.383 de 2023, reflejando un incremento de la vigilancia. El número de actas de infracción fue de 58, igual que el registrado el año anterior.
El Gobierno autonómico subraya que su objetivo es fomentar un modelo de juego responsable, con controles eficaces que no solo protejan al usuario, sino que también impulsen la transparencia y sostenibilidad de un sector que genera empleo y aporta ingresos a las arcas públicas.
