La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido esta tarde en la sede de las Cortes de Castilla y León para informar sobre el programa de actuaciones a desarrollar en la XI Legislatura autonómica.
Allí ha avanzado que las prioridades y objetivos de su Consejería se centrarán en consolidar un sistema de servicios sociales de calidad, eficiente, accesible y gestionado bajo un enfoque ético; reforzar, incrementar y mejorar significativamente la protección social para llegar a más personas; y ofrecer una atención personalizada en todo el territorio que apoye y proteja eficazmente a las familias y a las personas más vulnerables.
Para lograr estos objetivos, Isabel Blanco ha anunciado el impulso de una profunda modernización de los servicios sociales de la Comunidad que permitirá incrementar la calidad en la atención, optimizar los recursos y llegar a todas las zonas de Castilla y León, especialmente al ámbito rural, así como para ofrecer respuestas eficaces a las nuevas necesidades que aparecen en nuestra sociedad. Precisamente, ha recordado que el modelo de Atención a la Dependencia 5.0 constituye el paradigma de esta apuesta por la modernización, situando a las nuevas tecnologías al servicio de los cuidados de las personas dependientes.
Para su desarrollo, dicha modernización contará, además de con las aportaciones de la Junta, con la financiación derivada de los fondos de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia. En este sentido, la consejera ha recordado que “Castilla y León está gestionando en el ámbito de los Servicios Sociales un total de 200 millones de euros procedentes de los distintos instrumentos diseñados por la Unión Europea para impulsar la recuperación de los estados miembros tras la crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19”.
EJE 1: APOYO Y PROTECCIÓN A TODAS LAS FAMILIAS, ESPECIALMENTE A LAS MÁS VULNERABLES
Reconocer y respaldar a las familias de Castilla y León es, sin duda, la mejor inversión social y así lo ha manifestado Isabel Blanco quien también ha recordado que su departamento va a impulsar una potente política de apoyo a las familias para lo que se ampliará su protección social, jurídica y económica y se potenciarán todos los servicios y medidas que se incluyen en el Plan Familias, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años de la Comunidad. Un plan que, en esta legislatura, movilizará más de 1.500 millones de euros en ayudas y programas para las familias de Castilla y León.
La consejera durante su intervención ha reiterado que el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad es una de las respuestas más eficaces para frenar el descenso de la natalidad. Por esta razón, una de las primeras medidas que se tomarán será “el incremento de las ayudas a través de la ampliación del ‘Bono Concilia’, cuya convocatoria se publicará mañana, día 20 de mayo, con un presupuesto de 10 millones de euros”.
Asimismo, ha anunciado la implantación de la gratuidad del programa ‘Crecemos’, que ofrece cobertura de plazas en centros infantiles a menores de 0 a 3 años en localidades del ámbito rural con una demanda inferior a 15 plazas, donde no exista ningún otro recurso de conciliación, así como la ampliación del programa ‘Conciliamos’ a todos los centros 2030 de Castilla y León, con la gratuidad para sus asistentes.
Como principal novedad, Isabel Blanco ha explicado que a lo largo del año que viene “pondremos en marcha un nuevo servicio de conciliación para familias con menores con discapacidad que asisten a centros de educación especial”.
Además, y con el objetivo de luchar contra la despoblación, también se creará una nueva línea de ayudas para el fomento de la natalidad en Castilla y León, con un cheque bebé de hasta 2.500 euros por nacimiento de hijo, que se implantará este mismo año.
Castilla y León es una de las comunidades autónomas que presenta menores índices de pobreza en España y, a pesar de ello, el difícil contexto económico actual provoca que muchas familias no puedan hacer frente a sus necesidades más básicas.
En este sentido, el compromiso de la Junta es rotundo: nadie puede quedar atrás. Por ello, se dedicarán los recursos y esfuerzos que sean necesarios para proporcionar la mayor protección y atención social a las familias más vulnerables. El Plan Anticrisis del Gobierno de Castilla y León anunciado hace un mes establece medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables por un importe estimado de 45 millones de euros.
Estas actuaciones se incorporan a los servicios y programas integrados en la Red de Protección a las Familias -que atiende anualmente a 174.000 de ellas con un gasto medio de 220 millones de euros- y entre las que destaca el incremento en 4 millones de euros en 2022 a las Corporaciones Locales para reforzar los apoyos a las familias más vulnerables. De esta manera, la Junta de Castilla y León facilita que puedan hacer frente a los suministros energéticos, al incremento de las cuantías de los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que no sean beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y a la agilización del pago del bono térmico para los más de 83.000 beneficiarios.
Como novedad, otra prestación que se incorporará a la Red de Protección son los ‘Bonos de Urgencia Social’ que permiten atender situaciones de necesidad puntuales, como pueden ser las derivadas de la subida en el precio la luz y que incluye una ayuda a domicilio para las familias vulnerables con menores a su cargo.
En este punto, Blanco ha aprovechado para destacar la importancia del empleo para luchar contra la pobreza y facilitar la integración social de las personas en situación de pobreza o en riesgo de estarlo, motivo por el que se va a analizar la situación de la Renta Garantizada de Ciudadanía potenciando su vinculación a un proyecto individualizado de inserción, fomentando la búsqueda activa de empleo y combatiendo el absentismo escolar.
Protección a los menores
En la actualidad, casi 53.000 menores de Castilla y León se benefician de las distintas medidas de apoyo a la infancia en nuestra Comunidad. En su apuesta por la atención y protección a los mismos, la Junta va a consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia, desarrollará nuevos programas de apoyo a menores, especialmente enfocados a la formación e inserción laboral, y reforzará y adaptará el programa de acogimiento familiar.
De hecho, más de 15 millones de euros procedentes de los fondos europeos se destinarán a la inversión en el ámbito de la infancia en Castilla y León, con el objetivo de realizar las obras necesarias para poder implantar el nuevo modelo de atención a la infancia, centrado en el niño y en sus necesidades. Un modelo que se basa en la implantación de unidades de convivencia y que se extenderá a todos los centros residenciales de menores de la Comunidad de titularidad de la Junta, como es el caso del que se construirá en Salamanca.
Un problema social cada vez más creciente es la violencia intrafamiliar, como se pone de manifiesto en los informes de la Fiscalía que recogen que entre un 10 y un 15 % de las agresiones en el ámbito familiar no se denuncian. Además, existe un incremento de episodios graves de violencia de hijos adolescentes contra sus padres, así como del maltrato dentro de la familia a las personas mayores o el bulling entre hermanos, especialmente cuando uno de ellos es una persona con discapacidad.
Para hacer frente a estas situaciones Castilla y León cuenta desde 2019 con un Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar cuya vigencia finaliza el próximo año. Por ese motivo, la consejera ha avanzado que, en esta legislatura, “lo que queremos es consolidar esta actuación y dotarla de rango legal, aprobando para ello una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar”.
La nueva ley es útil y necesaria para prevenir este tipo de violencia y permitirá su detección con mayor eficacia y rapidez, a la vez que garantiza que todos los agentes implicados conozcan cómo actuar ante estas nuevas situaciones y establece los recursos y programas necesarios para garantizar la atención inmediata e integral a las víctimas, así como las alternativas habitacionales y de medios de subsistencia, los apoyos técnicos y las ayudas a huérfanos víctimas de este tipo de violencia.
Para facilitar la resolución de conflictos en el ámbito familiar, la Junta abrirá los centros ‘MediaCyL’ de mediación y apoyo a todas las familias que lo necesiten. Estos espacios ofrecerán ayuda psicosocial especializada a todos y cada uno de los miembros de la familia a través de diversos servicios de carácter gratuito, personalizado y confidencial, que atenderá un equipo multidisciplinar.
Oportunidades para los jóvenes
En la actualidad, uno de los principales problemas que afectan a los jóvenes es el desempleo, por lo que su inserción en el mercado de trabajo ocupa buena parte de las actuaciones de la Junta de Castilla y León.
Conscientes de que el aprendizaje es fundamental, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ampliará la formación en programas de emprendimiento y creará una cartera de jóvenes emprendedores que permita establecer sinergias entre ellos, incrementará la oferta de Programas de Movilidad Europea y, según ha manifestado Isabel Blanco, “afianzaremos la Formación Profesional Dual, formando a nuestros jóvenes en empresas de otros países en el marco del programa ERASMUS+”.
En este sentido, durante esta legislatura también se reforzará la Red de Informadores de Garantía Juvenil (que atendió el pasado año a más de 13.000 jóvenes y posibilitó que más de 3.300 se inscribieran en el programa) y se pondrá en marcha una nueva Red de Orientadores con el objetivo de realizar un asesoramiento personalizado y un seguimiento profesional que permita apoyar la inserción laboral de los jóvenes beneficiarios.
Además, la Consejería va a ampliar la oferta de actividades de ocio y tiempo libre destinada a los jóvenes, dotándola con nuevas propuestas en función de sus necesidades e intereses, simplificando y agilizando los procedimientos administrativos y abordando también la mejora de instalaciones juveniles.
Prevención en materia de drogas y adicciones sin sustancia
Otra de las prioridades del departamento que dirige Isabel Blanco es la prevención de adicciones, especialmente el consumo de alcohol en menores, así como hacer frente a las denominadas adicciones sin sustancia debido al mal uso de los videojuegos, las redes sociales e Internet, ya que cada año 19.000 menores y jóvenes de hasta 21 años participan en programas acreditados de prevención y disminución de los riesgos asociados al consumo de drogas.
Por este motivo, en esta legislatura se elaborará un nuevo plan de acción coordinada con las consejerías de Sanidad, Educación y Presidencia, para, entre otros objetivos, prevenir la utilización problemática de Internet y redes sociales, así como de los videojuegos y de las apuestas y juegos de azar en menores de edad. Además, se seguirá impulsado la prevención y la asistencia e integración social de drogodependientes, para lo que se aprobará el VIII Plan Autonómico Sobre Drogas.
También se consolidarán los servicios de referencia de prevención en las nueve provincias de la Comunidad, ya que ha demostrado ser un pilar esencial para apoyar a las familias en las que un menor ha tenido que ser atendido en urgencias por consumo de alcohol, como es el programa ‘Ícaro-alcohol’ desarrollado en colaboración con la Consejería de Sanidad. Precisamente, Blanco ha anunciado en su comparecencia que este programa va a ir más allá “al incluir el consumo de cannabis que también nos preocupa por su impacto en la salud y va a reforzar su capacidad para detectar precozmente menores en riesgo de desamparo y desprotección”.
En cuanto a la asistencia e integración social de drogodependientes, Isabel Blanco ha informado de que reforzarán su actuación con programas como el tratamiento del tabaquismo en personas con trastornos por uso de drogas o el apoyo a la crianza temprana de hijos de madres drogodependientes
EJE 2: COMPROMISO CON LAS PERSONAS MAYORES, LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En la Comunidad con el mayor índice de envejecimiento de España, la atención a las personas mayores y a las personas dependientes constituye una de las principales prioridades para la Junta de Castilla y León que apuesta por un modelo pionero en España de atención centrada en la persona, la integración de los servicios, la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo, y la digitalización de los procesos que responde al nombre de Dependencia 5.0.
En su intervención, la consejera ha recordado que Castilla y León está a la vanguardia de España en la gestión de la dependencia, así como que “es la primera Comunidad en alcanzar la plena atención sin listas de espera, con más personas recibiendo prestaciones en relación con su población y que encabeza la creación empleo vinculado a dependencia”.
Para impulsar la modernización de los Servicios Sociales y favorecer la innovación empresarial en este ámbito, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se va a impulsar el Hub de Innovación Tecnológica en Zamora para el desarrollo de cuidados de larga duración, un espacio en el que emprendedores, empresas emergentes y otras ya consolidadas se unan para fomentar el aprendizaje y el trabajo colaborativo y dar respuesta a los desafíos de un sector de alto potencial.
Otro proyecto de vanguardia y que destaca por su importancia es la Teleasistencia Avanzada -gratuita para todas aquellas personas mayores que la soliciten-, que se implantará en toda Castilla y León y que ha evolucionado de un sistema de alerta ante situaciones de crisis en el domicilio a un servicio social avanzado con entidad propia y con capacidad de contribuir a la prevención de la dependencia, promover la autonomía personal y cuidar telemáticamente de quienes eligen continuar su proyecto de vida en su propio hogar. Un sistema que también se va a ofertar a los cuidadores de personas en situación de dependencia, “pues somos conscientes de la necesidad de atender a las personas que cuidan”, ha subrayado Isabel Blanco.
Una prestación esencial que va a seguir mejorando la Consejería de Familia es la ayuda a domicilio, un servicio clave que cuenta con más de 38.800 usuarios para promover la permanencia de las personas en sus domicilios, muy especialmente en el medio rural y que ya se ha reforzado con el incremento de horas de atención. “Queremos incorporar a más personas usuarias de este servicio, especialmente a las personas que viven solas, y vamos a extender los supuestos de gratuidad y a disminuir la cuantía que han de abonar los usuarios que estén sujetos al copago”, ha anunciado la consejera.
Con el objetivo de que las personas puedan permanecer en sus domicilios, también se extenderá a todas las provincias el programa ‘INTecum’, que permite a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal los apoyos sociales y sanitarios que necesiten para poder seguir viviendo en sus hogares.
El proceso de modernización de la dependencia y los servicios sociales tendrá su reflejo en los procesos de gestión del sistema, con el fin último de prestar una atención más individualizada y cercana, para lo que se simplificará la gestión administrativa con el objetivo de que sea más ágil y eficaz, eliminando el 95 % del papel en los procesos administrativos. Además, se reducirá a un mes el plazo del reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia desde su solicitud.
Otra de las novedades importantes para esta legislatura será la conexión de los sistemas de información de los servicios sociales con los sistemas de información de Sanidad, Educación, Empleo y Vivienda, para dar respuestas más rápidas y ágiles a los ciudadanos.
Protección a las personas mayores
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado que, en esta legislatura, “aprobaremos una ley de derechos de las personas mayores que, entre otros aspectos, impida la discriminación por edad, contemple la ampliación de derechos de dependencia a aquellos que no están cubiertos por la ley estatal y facilite el acceso a prestaciones a aquellas personas mayores que vivan solas”.
Esta ley ampliará y actualizará el catálogo de derechos de las personas mayores y se posicionará activamente frente al llamado edadismo, es decir, la discriminación por razón de la edad. También contemplará una nueva situación de necesidad como es la soledad, a la que se vincularán una serie de recursos y apoyos para prevenir, detectar y actuar ante este tipo de situaciones.
Otra de las leyes en las que el departamento que dirige Isabel Blanco lleva trabajando desde hace tiempo y que se aprobará en este periodo es la de atención residencial en el ámbito de los cuidados de larga duración. Esta norma piensa en el momento en el que las personas dependientes ya no puedan permanecer en su hogar e incorpora el nuevo modelo de atención residencial, centrado en la persona, que presta una atención personalizada, incluye el apoyo y acompañamiento emocional, generando empleo y crecimiento económico en la zona y permitiendo la pervivencia de las residencias, especialmente las del medio rural.
“La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar”, ha explicado Isabel Blanco. Dentro de este proceso de modernización se van a incorporar las nuevas tecnologías a las residencias de mayores.
Por otra parte, se realizarán inversiones significativas que van a permitir mejorar la oferta de plazas de estancia prolongada en todas las provincias, así como modernizar, adecuar y crear infraestructuras para incrementar el número de plazas en centros residenciales de personas mayores de titularidad pública. Entre estas inversiones destacan la finalización de la nueva residencia de personas mayores de titularidad de la Junta de Castilla y León en Salamanca y la construcción de dos nuevas en Ávila y Zamora.
Conjuntamente con esto y para facilitar la permanencia de las personas en su domicilio, teniendo en cuenta la preferencia a envejecer en su casa, se ha desarrollado el programa ‘Atención en Red’, un proyecto innovador, incluido dentro del sistema de Atención a la Dependencia 5.0, que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales con la finalidad de ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica. Este proyecto pivota sobre tres iniciativas: los proyectos ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en Red’ y el nuevo modelo de atención residencial, basado en unidades de convivencia. “Nuestra apuesta es extender este programa a todas las provincias de Castilla y León, de forma que durante la legislatura llegue al mayor número de personas posible”, ha manifestado Isabel Blanco.
Esta tendencia a envejecer en el propio hogar conlleva también asumir riesgos de aislamiento social en las personas mayores. Por este motivo, la Junta de Castilla y León elaboró hace medio año el Plan Estratégico de lucha contra la soledad no deseada que contempla actuaciones desde la prevención, la detección y la intervención. En su comparecencia, la consejera ha recordado dos de las actuaciones que lo integran: la puesta en marcha de mecanismos de detección y apoyo ante situaciones de soledad, en colaboración con las entidades del Tercer Sector Social, y el refuerzo de los equipos de promoción de la autonomía personal.
Apoyo a las personas con discapacidad
Otro de los proyectos legislativos para los próximos años es la elaboración de una Ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad que pretende garantizar la atención temprana, el derecho a la atención en centro de día que garantice el proceso de integración social y laboral y la garantía del acceso y de prioridad a las prestaciones esenciales recogidas en el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León.
La Consejería de Familia también va a desarrollar actuaciones orientadas a la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Isabel Blanco ha recordado que Castilla y León no solo cuenta con la mejor ratio de plazas en residencias y centros de día u ocupaciones para personas con discapacidad de España, sino que también es la segunda Comunidad con mayor número de prestaciones para la contratación de asistentes personales.
Para fomentar la autonomía personal, la Consejería va a realizar mayores actuaciones, sobre todo en lo referente al impulso del empleo y la formación de las personas con discapacidad como principal medida de integración y normalización de su vida. Además, se van a incrementar los itinerarios de inserción social y los programas específicos de viviendas y apoyo a la vida independiente y se va a reforzar la figura del asistente personal.
En referencia al Plan de mejora del Sistema Público de Atención Temprana, la consejera ha destacado que “estamos siendo un referente a nivel nacional en la puesta en práctica de procesos centrados en la familia y en sus entornos naturales, proporcionando apoyos a la familia para que el niño pueda mejorar su desarrollo y calidad de vida en todas sus dimensiones, mediante actividades cotidianas o rutinas en el hogar, la escuela o el ocio”. De hecho, ha recordado el apoyo de la Junta al Plan Individual de Intervención con que cuentan los más de 3.400 niños que están siendo atendidos en la Comunidad dentro del Programa de Atención Temprana y ha destacado la puesta en marcha de la unidad de valoración de Ponferrada y la construcción de una nueva en León.
Blanco ha añadido que con la futura ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad se pretende garantizar, como derecho subjetivo, la continuidad de las prestaciones sociales que estos niños requerirán a lo largo de su vida y la coordinación con otros sistemas como Educación, Sanidad y Empleo.
EJE 3: IMPULSO A LA IGUALDAD
Uno de los ámbitos donde se manifiestan las desigualdades por razón del género con especial intensidad es el del empleo. Por ello, las políticas activas de apoyo a la mujer han de tener como epicentro el ámbito laboral.
En este punto, la consejera ha destacado su apuesta decidida por la igualdad en el mundo rural, “las mujeres sufren múltiples discriminaciones por el mero hecho de vivir en pueblos y, sin duda, ellas son motores de transformación y cambio de la realidad social y económica de los municipios”.
Por esta razón, se va a reorientar el Programa Empleo y Mujer Castilla y León -PEMCyL-, dirigiéndolo hacia las mujeres que residen en zonas con menor población, con el claro objetivo de que encuentren trabajo, favoreciendo su permanencia en los pequeños municipios como elemento de dinamización demográfica, y va a continuar el apoyo a las empresas implicadas en la consecución de la igualdad de género a través del refuerzo y ampliación del programa ‘Empresas comprometidas con la igualdad’.
Finalmente, para que las niñas y jóvenes cuenten con más información y referentes en el momento de escoger sus estudios y carrera profesional, el departamento que dirige Isabel Blanco va a llevar a cabo una serie de actuaciones como son la incorporación de nuevas iniciativas a los diversos programas puestos ya en marcha para la promoción de vocaciones STEAM con la ampliación del programa ‘Stem Talent Girl’ o la consolidación del programa ‘Steam Talent Kids’.
Lucha contra la violencia de género
En este punto de la comparecencia, la consejera Isabel Blanco ha reiterado el compromiso político y social irrenunciable con la lucha contra la violencia de género en nuestra sociedad y en esa línea se seguirá trabajando. Para ello ha explicado que se va a actualizar la ley vigente de atención integral a víctimas de violencia de género, con el objetivo de mejorar la atención poniendo especial énfasis en el medio rural. Desde la Consejería de Familia la apuesta es clara por el sistema “in, on y out” que parte de la prevención, atiende y apoya a las víctimas y busca, como objetivo final, la recuperación de su autonomía para iniciar su propio proyecto de vida, para lo que es fundamental incrementar los esfuerzos y aumentar los recursos en el último eslabón de la cadena de atención: la inserción laboral de la víctima.
En este sentido, el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género es la base para dotarlas de una atención individualizada, unificada, inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a las necesidades de seguridad y autonomía personal de cada mujer.
Pero sin duda, la inserción laboral es una de las claves que desencadenan estos procesos de recuperación de la autonomía por lo que la Consejería apuesta también por involucrar a las empresas. “La generación de alianzas con el sector empresarial de nuestra Comunidad es fundamental para alcanzar la restitución de la vida personal y laboral”, ha afirmado Blanco quien se ha referido a la Red de empresas y entidades comprometidas con la igualdad.
Integración de las personas inmigrantes y refugiadas
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asumido en esta legislatura las competencias relativas a la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes en la sociedad castellano y leonesa, para lo que se potenciará la Red de atención a las personas inmigrantes.
El proyecto más novedoso en esta materia está orientado a la integración mediante la formación y el fomento de su contratación en aquellas zonas y sectores de empleo que más necesitan de personal. “Iniciaremos este proyecto en un ámbito directamente vinculado a la llamada ‘economía de los cuidados’ y que tiene como objetivo incorporar a aquellas personas migrantes que así lo soliciten a puestos de trabajo dirigidos al apoyo y a los cuidados de personas dependientes, tanto en centros residenciales como en sus domicilios”, ha explicado la consejera.
El proceso parte de un análisis exhaustivo de la realidad sociolaboral del territorio en el que se va a desarrollar el programa, de manera que se acredite la necesidad de la prestación de este tipo de cuidados a la población residente en esa zona y la inexistencia de suficiente personal formado para poder atender las necesidades que surjan. A continuación, comenzaría el proceso de selección, formación y cualificación profesional desde sus respectivos países de origen.
Dentro de las políticas de inmigración, destacan las actuaciones respecto de las personas que llegan a Castilla y León con solicitud de protección internacional, sobre todo en la actualidad procedentes de Ucrania, con estatus de protección temporal.
El presidente de la Junta ya ha anunciado dos compromisos en relación con estos refugiados: solicitar al Gobierno de España la creación de un Fondo extraordinario para los servicios públicos para sufragar su atención y poner en marcha un Protocolo de atención a refugiados.
Para ello ya se trabaja de forma coordinada entre los diferentes departamentos con el objetivo de atender a estas personas y posibilitar su integración social, educativa y sanitaria.
Por último, la consejera ha informado de que “también estamos prestando especial atención a los menores ucranianos que están viniendo a Castilla y León sin sus progenitores o tutores legales -en la actualidad 248- y hemos elaborado un protocolo específico de atención y seguimiento de estos menores no acompañados para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y para velar por su protección, integración y bienestar mientras permanezcan en nuestra Comunidad”.
