El Procurador del Común de Castilla y León ha dado la razón a la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan al instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a desarrollar una normativa específica sobre la emisión de certificados de vulnerabilidad social.
Estos certificados son esenciales para que las personas en situación de riesgo de exclusión social o pobreza puedan acceder a ayudas estatales, bonificaciones fiscales, contratos de empleo especiales y descuentos en cuotas de la Seguridad Social.
Actualmente, no existe un término jurídico homogéneo ni una normativa clara a nivel nacional o autonómico para acreditar la vulnerabilidad social. Esto provoca que muchos ciudadanos queden excluidos de ayudas públicas pese a cumplir los requisitos, ya que los ayuntamientos y otros organismos no pueden emitir certificados oficialmente.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales subraya la necesidad de garantizar no solo los derechos laborales, sino también el acceso a vivienda, recursos de calidad y bienestar social, lo que refuerza la importancia de coordinar políticas sociales, económicas y fiscales.
En abril de 2024, la Fundación presentó solicitudes y quejas ante distintas administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de León, el SEPE y el Procurador del Común, para exigir un mecanismo oficial que acredite la vulnerabilidad. Tras revisar la queja, el Procurador del Común emitió una resolución en septiembre de 2025 instando a la Junta a aprobar la normativa necesaria.
Esta medida busca que las personas con mayor fragilidad accedan en igualdad de condiciones al sistema público de protección social, evitando situaciones de exclusión o pobreza.
La Fundación Isadora Duncan seguirá supervisando la aceptación o rechazo de la resolución por parte de la Consejería, con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para la ciudadanía más vulnerable.
