Los empleados públicos temporales de toda España se concentrarán hoy a mediodía, frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del gobierno de 40 ciudades de todas las Comunidades Autónomas, León incluida, para denunciar el uso abusivo de las contrataciones temporales que sufren por parte de sus Administraciones empleadoras, estas incumplen sin sanción la norma española y el Derecho Comunitario que protege a todos los trabajadores y previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada.
Desde hace más de 20 años, todas las Administraciones Públicas españolas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador; bien a través de indemnizaciones disuasorias o estabilizando en el empleo a las víctimas del abuso.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias San Sebastián, así como su Secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han informado en comparecencias y medios de comunicación, que es necesario terminar con esta situación; sin embargo, pretenden hacerlo por una parte, reformando el artículo 10 del EBEP (el que se ha venido incumpliendo por la administración sin consecuencias) para evitar abusos a futuro; y por otra, mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, no de personas, confundiendo los sistemas de acceso a una administración de la que ya formamos parte, con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la administración.
Mientras el gobierno sigue estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias Administraciones, se van sucediendo los ceses de personal, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales como las concentraciones frente a las subdelegaciones, o la huelga de médicos y de otros sectores públicos en Canarias, que apoyamos desde la península y a las que pronto se sumarán las de las trabajadoras y trabajadores públicos en abuso de toda España, si el gobierno no propone una solución acorde con la Directiva.
En este escenario de desamparo e incertidumbre para miles de familias, que afecta principalmente a mujeres con una media de 50 años sin opción a incorporarse al mercado laboral si son cesadas, la Comisión Europea sigue vigilante para decidir si demanda a España por incumplimiento, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción por este motivo.
Si en el Sector Público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá final a la temporalidad abusiva.
Sus reivindicaciones comprenden: Que la Administración cumpla con la normativa vigente, que se ejerzan funciones de inspección sobre sus propias contrataciones temporales, que se ponga fin al despido libre y gratuito y que se sancione el abuso en los ceses al personal temporal cuando no concurran las causas necesarias.
